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 Lo
que ha sido la discusión en el Congreso Nacional de un proyecto
de ley en contra de la discriminación, ahora viene a ser la
bandera de lucha de ciertos sectores evangélicos del país que
ven en dicho proyecto la apertura de un camino hacia la
aprobación de una ley de matrimonio homosexual.
Nada más alejado de la verdad. El proyecto de
ley solamente se refiere a la discriminación de que son objeto
hoy en día todas las minorías del país, como los inmigrantes,
las minorías sexuales, las minorías religiosas, los minusválidos
y las minorías étnicas, por ejemplo.
Con celo digno de mejor causa, los líderes
evangélicos que se han mostrado contrarios a la aprobación de
esta ley se han concentrado en las minorías sexuales y hasta han
levantado su voz para advertir que el pueblo evangélico no
apoyara a quienes no apoyen sus principios. La verdad es que el
pueblo evangélico vota en forma individual y vota por quienes
considera su mejor opción individual, sean de derecha, de centro
o de izquierda.
Obviamente esto va más allá de lo legal y
legítimamente sostenible. En Chile, desde 1925, existe
separación entre la Iglesia y el Estado, es decir, el estado es
laico, no confesional. Por lo tanto, pretender que los poderes
del Estado deben responder a una determinada posición religiosa
no solamente es criticable, sino inconstitucional y una
descarada intervención en los asuntos del Estado.
El Estado debe preocuparse de los ciudadanos
como tales, desde el punto de lo puramente civil. Las Iglesias
deben preocuparse de lo que les compete, pero no deben tratar de
imponer a todo un país sus puntos de vista, por más atendibles
que estos sean.
Desde tiempos antiguos, las Iglesias han sido
una fuente de división y de muerte para la humanidad, como lo
atestigua la historia, particularmente los vergonzosos episodios
de guerras religiosas. Todavía hoy en día existen conflictos
como el Irlanda, donde católicos y protestantes no son
precisamente un ejemplo de paz. Y es obvio que si se
desatendiera a los principios de la separación entre Iglesia y
Estado este país podría verse enfrentado a un severo conflicto
sobre lo que unas y otras Iglesias querrían que se impusiera
como ley para todos. El dogmatismo y el fundamentalismo no son
buenos consejeros para nadie.
Si las Iglesias desean difundir y divulgar
sus puntos de vista, están en su derecho, háganlo, pero no
traten de imponerlo a todos los chilenos, que no somos todos
evangélicos. La mayoría religiosa de este país todavía es
católica. Y cada Iglesia debe velar porque sus propios miembros
respeten sus principios y no causen mal a los demás, viviendo de
acuerdo a principios. Pero el intento de violentar las
conciencias que proviene de las Iglesias es inadmisible desde
todo punto de vista. Una vez más, los que ayer fueron
discriminados y perseguidos, ahora, cuando se ven mucho más
numerosos y con poder y riqueza debido a que se han hecho parte
del mundo, se transforman en perseguidores de minorías, como si
todos no fuéramos iguales a los ojos de Dios.
El principio del libre albedrío todavía es un
principio básico para la convivencia pacífica. Todos tenemos el
derecho de abrazar tal o cual confesión religiosa. Todos tenemos
el derecho de vivir de acuerdo a quienes somos. Todos tenemos
derecho a ser respetados por el solo hecho de ser personas.
Nadie tiene derecho a discriminar a nadie. La Biblia no autoriza
la discriminación sino que, al contrario, dice que todos somos
iguales ante Dios y que cada cual debe decidir en conciencia, no
por la imposición de nadie.
Y, finalmente, los líderes evangélicos se
olvidan de un principio fundamental: Dios es Amor, y Su Amor es
incondicional, porque Él no hace acepción de personas.
Esperamos que el Poder Legislativo legisle
tomando en cuenta que en Chile hay separación entre Iglesia y
Estado y que el Estado debe preocuparse de los asuntos civiles,
sin dejarse presionar por nadie que pretenda injerencia alguna
en los asuntos que, por su naturaleza, son esencialmente
civiles. Que las Iglesias se preocupen de educar a sus miembros
y feligreses en los principios religiosos, igualmente sin
injerencia alguna del poder civil.
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